Proyecto de Ley SSIEB: Control de Servicios Públicos

Proyecto de Ley: Sistema de Supervisión Encubierta Integral del Estado de Bienestar (SSIEB)

Capítulo I – Disposiciones generales

Artículo 1. Creación

Se crea el Sistema de Supervisión Encubierta Integral del Estado de Bienestar (SSIEB) como organismo público autónomo encargado de garantizar el correcto funcionamiento, eficiencia, transparencia y equidad de todos los servicios públicos y recursos estatales.

Artículo 2. Finalidad

• Detectar negligencias, corrupción, mala gestión y desviación de fondos.

• Supervisar la eficacia y equidad de los servicios públicos.

• Garantizar que los proyectos e inversiones sean útiles y no solo medios de desvío de recursos.

• Restablecer la confianza ciudadana mediante supervisión integral y retroalimentación directa.

Capítulo II – Estructura del sistema

Artículo 3. Supervisores infiltrados

• Funcionarios especializados actuando de incógnito en ministerios, juzgados, ayuntamientos, comunidades autónomas, empresas públicas, centros penitenciarios y servicios esenciales.

• Acceso legal a sistemas y expedientes críticos bajo protocolos de protección de datos.

• Bucle de control mutuo: cada supervisor puede ser auditado por otro encubierto para garantizar imparcialidad.

Artículo 4. Ciudadanos voluntarios

• Selección por sorteo del censo electoral.

• Participación voluntaria mediante aceptación expresa y formación obligatoria.

• Función: Pruebas, evaluación de servicios públicos, envío de informes anónimos.

• Garantías: Anonimato y protección frente a represalias.

Capítulo III – Ámbitos de supervisión

Artículo 5. Educación Pública

• Expedientes disciplinarios, acoso escolar, denuncias de abusos.

• Contratación de personal y oposiciones.

• Gestión de fondos públicos y universidades.

Artículo 6. Sistema Sanitario

• Listas de espera, control de inventarios, negligencias médicas.

• Auditoría de compras, derivaciones y protocolos de urgencias.

Artículo 7. Administración General y Local

• Ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas.

• Contrataciones, licitaciones, subvenciones y concesiones.

• Prevención de prevaricación y tráfico de influencias.

Artículo 8. Sistema Judicial

• Gestión de expedientes, trazabilidad de pruebas y retrasos injustificados.

• Auditoría de procedimientos y conflictos de interés (respetando independencia judicial).

Artículo 9. Centros Penitenciarios

• Régimen interno, beneficios, permisos, trato diferencial indebido.

• Contratación y suministros.

Artículo 10. Seguridad y Fuerzas del Orden

• Protocolos de actuación, custodia de pruebas y uso de recursos.

• Supervisión de procedimientos disciplinarios.

Artículo 11. Ministerio de Economía y Sector Público Empresarial

• Empresas públicas, fondos europeos, contratos estratégicos.

• Auditoría de costes, conflictos de interés y desviaciones presupuestarias.

Artículo 12. Ejecutivo y Altos Cargos

• Ministros y presidente: declaraciones patrimoniales, conflictos de interés, viajes y uso de recursos oficiales.

• Supervisión encubierta de toma de decisiones.

Artículo 13. Jefatura del Estado

• Presupuesto asignado a la Corona, contratación, sueldos y proveedores.

• Auditoría de ejecución presupuestaria y transparencia contable.

Artículo 14. Transporte e Infraestructuras Públicas

• Transporte ferroviario, urbano, aéreo y marítimo.

• Obras públicas, carreteras, puentes, túneles.

• Certificación de materiales, desviaciones presupuestarias, concesiones indebidas y proyectos inviables.

Artículo 15. Supervisión de proyectos públicos y gasto inútil

• Obras y concesiones que no cumplen finalidad pública.

• Auditoría de viajes oficiales improductivos.

• Evaluación de impacto real frente a coste.

Artículo 16. Otros ámbitos críticos

• Vivienda pública y suelo.

• Energía, servicios básicos y medio ambiente.

• Digitalización y sistemas informáticos estatales.

• Defensa y contratación militar (seguridad nacional).

• Reguladores independientes y organismos internacionales.

Capítulo IV – Procedimiento de actuación

Artículo 17. Inicio

De oficio, por denuncia ciudadana o alerta interna.

Artículo 18. Evaluación preliminar

Determinación de riesgo y necesidad de intervención.

Artículo 19. Supervisión encubierta

Acceso a expedientes, sistemas y recursos según protocolos legales. Registro seguro de todas las acciones.

Artículo 20. Informe y seguimiento

• Consolidación de hallazgos de supervisores y ciudadanos.

• Emisión de medidas correctivas obligatorias.

• Control del cumplimiento de medidas y auditorías de verificación.

Capítulo V – Beneficios esperados

• Reducción de negligencias, corrupción y mala gestión.

• Mayor eficiencia, equidad y calidad de todos los servicios públicos.

• Eliminación de proyectos innecesarios o fraudulentos y viajes improductivos.

• Recuperación de confianza ciudadana en instituciones públicas.

• Transparencia en la gestión de recursos del Estado, incluidos altos cargos y Jefatura del Estado.

• Modelo replicable a otros sectores estratégicos.