En España, la justicia, vista desde la perspectiva del ciudadano, se ha convertido en un sistema inaccesible, ineficaz y, a ratos, ridículo. La paradoja es evidente: quienes deberían proteger derechos, garantizar la equidad y servir al interés público, a menudo generan indefensión, confusión y abuso.
Un ciudadano medio no puede representarse a sí mismo, aunque la ley lo permita en otros modelos judiciales españolas. Para acceder a su propio expediente o presentar escritos, se exige abogado y procurador, mientras los juzgados obstruyen el acceso alegando falsamente que son necesarios. La asistencia jurídica gratuita, más que un derecho, se convierte en un laberinto burocrático: trámites que tardan más de un mes y medio, documentos imposibles de recopilar para quienes no están familiarizados con el sistema, y abogados que, aunque deberían actuar, a menudo ignoran a los más vulnerables.
En los registros judiciales ocurre algo aún más insólito: cualquier persona puede registrar documentos en nombre de otros, sin representación, y nadie se encarga de proporcionarte una copia oficial; los ciudadanos deben conformarse con fotografiar sus propios papeles. Este sistema deja al descubierto la absoluta indefensión de quienes dependen de él.
Abogados que utilizan inteligencia artificial sin comprobar sentencias, generando defensas con referencias judiciales que no existen; demandas mal redactadas, con datos incoherentes o sin objeto de juicio; jueces que solo estudian para aprobar exámenes y luego desconocen los códigos y procedimientos; procuradores y peritos como figuras que añaden costes sin aportar valor; honorarios desorbitados que desproporcionan la defensa frente al ingreso medio de los ciudadanos. Esta concatenación de fallos y abusos configura un escenario de caos procesal.
Funcionarios, letrados, policías, jueces y demás actúan con altivez solo por portar un uniforme o ocupar un cargo. Despreocupación, distracciones y comportamientos poco profesionales: desde transcripciones incorrectas hasta documentos elaborados con la ayuda de ChatGPT, tomar la merendilla, echarse la siestecita por aburrimiento y abrir la boca continuamente, o ver el TikTok en plena sala de juicio. Este caos y desbarajuste del sistema afecta a todos los niveles, desde el abogado más modesto hasta el magistrado de mayor rango.
La mayoría de jueces con plaza fija provienen de universidades privadas caras y familias con alto poder adquisitivo y renombre. Esta concentración de privilegios genera círculos cerrados, desconexión con la realidad de la ciudadanía y una cultura de elitismo que contribuye a la percepción de injusticia.
Los acuerdos y convenios entre abogados y jueces, muchas veces sin participación de las partes afectadas y mientras se tramita el juicio, multiplican los conflictos de interés. La ausencia de supervisión efectiva en cada capa del sistema genera oportunidades para prácticas irregulares, mientras los ciudadanos quedan al margen de cualquier decisión que afecte directamente sus derechos.
Los juzgados están saturados: la celebración de juicios, la ejecución de sentencias y la tramitación de documentos se dilatan meses o incluso años. La reorganización de tribunales y la digitalización, aunque prometen modernización, se aplican de forma desigual, creando más brechas que soluciones.
Las leyes y códigos vigentes, muchos obsoletos, se modifican lentamente. La digitalización, la justicia telemática y la adaptación a estándares españoles avanzan con retraso, lo que aumenta la brecha entre lo que la justicia debería ser y lo que realmente es. La acumulación de normas pendientes, la lenta implementación de reformas y la disparidad territorial en la aplicación de la ley refuerzan la sensación de que el sistema es más teatro que servicio público.
Entre las soluciones posibles: jurados populares formados mediante cursos obligatorios y remunerados, supervisión itinerante de cada juicio para garantizar ética y coherencia, formación continua para jueces y abogados, y evaluaciones de desempeño con sanciones y objetivos claros para funcionarios. Sin estas medidas, cualquier reforma corre el riesgo de ser meramente decorativa.
La justicia en España se muestra como un sistema irrisorio, con sentencias de chiste, expedientes absurdos y una parodia institucional que deja al ciudadano indefenso. Quien conoce los entresijos del sistema judicial español acaba echando una carcajada en toda la cara de la justicia; se lo pasa por el mismo forro, con total falta de respeto, que se ha ganado a pulso. Cuando alguien pierde la confianza en la justicia, automáticamente pierde el respeto por ella. Y en España, tras ver cómo funciona de facto, muchos no pueden hacer otra cosa que reírse de un sistema que los deja completamente indefensos. La justicia, como concepto, queda dentro de una “bolsa de basura” simbólica, burlándose de quienes dependen de ella.
Desde el periódico Digital Parlamento, te animamos a que firmes aquí una reforma del sistema judicial español. Nuestro principal objetivo no es solo informar, sino impulsar cambios mediante proyectos de ley, y para ello necesitamos el apoyo del pueblo mediante firmas, para poder llevar estas iniciativas al Parlamento español.
