Entre los años 2000 y 2002, la Selectividad vivió sus peores momentos, afectando a miles de estudiantes con injusticia, arbitrariedad y masificación. Las notas no siempre reflejaban el esfuerzo ni el mérito, y el sistema dejó cicatrices profundas en toda una generación.
Imagínate ser un estudiante férreo cuya vida académica abarca un cambio profundo de sistema educativo, desde la LOGSE hasta los primeros años de implantación de la LOE, con una Selectividad que parecía pensada más para filtrar clases que para medir mérito real. A principios de los años 2000, cuando la universidad dejó de ser un privilegio casi exclusivo de clases acomodadas y miles de jóvenes de familias humildes empezaron a acceder a estudios superiores debido a la masificación universitaria, el sistema de acceso sufrió tensiones sin precedentes: más estudiantes, más presión sobre universidades y profesores, y un examen de ingreso que se mantenía rígido y desbordado por la cantidad de aspirantes. Los años 2000-2002, en particular, fueron los más críticos en cuanto a desorganización, falta de supervisión y arbitrariedad en la corrección de exámenes.
La prueba de acceso se realizaba en tres días, con varias asignaturas por jornada, en auditorios masificados, bancos interminables y sedes universitarias desconocidas y lejanas. La corrección de los exámenes debía completarse en un plazo máximo de cinco días, lo que generaba incoherencias y facilitaba errores, pérdidas de exámenes o decisiones arbitrarias sobre aprobados y suspensos.
En todas las grandes ciudades, es decir, Ciudad Universitaria de Madrid y otras urbes como Barcelona, se formaban colas interminables para reclamaciones, revisiones y correcciones, y todo el proceso estaba muy mal gestionado y organizado, aumentando la ansiedad de los estudiantes y reflejando las deficiencias estructurales del sistema.
Los alumnos podían reclamar su nota mediante dos vías:
- Revisión, para comprobar que todas las preguntas habían sido puntuadas y que la suma de puntos era correcta.
- Segunda corrección, donde un profesor distinto volvía a calificar el examen aplicando los criterios oficiales. Estos recursos eran excluyentes entre sí, y a veces se aplicaba una tercera corrección si existía una diferencia significativa entre las dos primeras.
La cultura corporativa universitaria, con profesores poco cualificados y sin contacto real con los alumnos, podía truncar la vida académica de un estudiante con expediente notable, obligándolo a elegir entre revisión o corrección en colas interminables, sin garantía de justicia. Muchos de los que vivieron estas experiencias aún recuerdan el temario completo a los 40 años, confirmando el daño que causó la negligencia del sistema.
La mejor solución, tanto en el pasado como en la actualidad —siendo la EBAU la sustituta actual de la Selectividad—, sería implementar exámenes específicos para la carrera o la rama elegida, evaluando conocimientos directamente relacionados con el itinerario académico. Ningún universitario debería carecer de capacidad de redacción ni cometer graves errores ortográficos. Se podrían exigir trabajos de fin de estudios secundarios o proyectos iniciales, funcionando como una carta de presentación, explicando por qué el alumno desea acceder a esa universidad y a esa carrera, un mecanismo similar al que emplean otros países.
El resultado de no aplicar estos criterios específicos es la generación de profesionales amargados y poco vocacionales, especialmente en campos donde la negligencia tiene consecuencias directas: la docencia, el poder judicial y la medicina. La falta de preparación y de motivación puede afectar gravemente a procesados, pacientes o clientes, evidenciando que un sistema de acceso masivo y arbitrario que no mide realmente ni las capacidades ni los conocimientos de las personas en esa prueba impacta mucho más allá de la nota de Selectividad.
