Los colegiados en España carecen de vocación y, lo que es peor, de ambición. Muchos no asesoran correctamente, no elaboran ni medio párrafo de escrito si no hay dinero por delante y terminan trabajando por honorarios miserables en turno de oficio. Además, son abogados sin especialización, incapaces de desenvolverse en áreas multidisciplinarias como Derecho de Juego, Tecnológico, Bancario o de Seguros.
Tras licenciarse y completar el máster, muchos olvidan rápidamente lo aprendido. La mayoría solo se mueve por pasar exámenes y carece de experiencia práctica. El Derecho es un trabajo de actualización diaria: sentencias nuevas, jurisprudencia y novedades legales. Sin ello, los escritos judiciales son modelos estándar sin coherencia ni creatividad.
Se sale de toda lógica humana que muchos abogados prefieran pasar 8 a 10 horas frente a una cámara, móvil o PC, buscando clientes en TikTok, YouTube, directorios cutres o Mil Anuncios, antes que aceptar casos a comisión (cuotalitis). Con esos casos, podrían ganar comisiones del 15-20%, aumentar su portafolio, experiencia y desarrollo profesional… y aun así, se niegan en rotundo.
Por eso hay un dicho en España: “Pegas una patada a una baldosa y sale un abogado”. Muchos terminan barrenderos por falta de educación, desarrollo personal y especialización universitaria. El sistema no cuenta con directorios ni herramientas que incentiven a los abogados más lúcidos a aceptar cuotalitis.
Desde Digital Parlamento animamos a los profesionales a colaborar de forma responsable y transparente: los abogados que trabajan a cuotalitis recibirán un porcentaje de los casos que ganen, trabajando mano a mano con el cliente, con todo facilitado desde Digital Parlamento. También publicaremos una lista de abogados dispuestos a trabajar a cuotalitis, con un contacto unificado para gestionar solicitudes y casos. Si estáis interesado escríbenos escríbenos.
Realidad testimonial del gremio en España
Abogados trabajando en streaming, buscando clientes mientras preparan café o hacen compras.
Despachos cutres o vacíos, donde la única actividad visible es emitir en TikTok o YouTube.
Cobro abusivo de honorarios, facturas inexistentes o engaños sobre costes adicionales.
Documentos de 10 folios que ni se leen y se cobran entre 1.000 y 1.500 €.
Esto evidencia que no se implican en ningún caso, ni profesional ni humanamente. Cuando aceptan escritos ya elaborados por los clientes, no aportan ni un párrafo nuevo: el cliente ya ha complementado y rellenado todo. En la práctica, se paga por el autógrafo del abogado y del procurador, como si fueras un aficionado recibiendo la firma de un jugador famoso en una pelota de béisbol.
Uso deficiente de herramientas de IA, limitándose a modelos estándar sin revisar ni mejorar el contenido.
El Código Deontológico de la Abogacía establece normas de conducta para los profesionales. Sin embargo, cuando no se cumple y se reclama ante los colegios de abogados de cada comunidad autónoma, ocurre lo siguiente:
No se contrasta la información del caso.
No se imponen sanciones reales.
No se inhabilita temporalmente al colegiado, aunque ejerza de manera negligente.
En la práctica, esto equivale a cero consecuencias, lo que refuerza la percepción del corporativismo. Aunque no se puede castigar de por vida a un abogado e inhabilitarlo de forma permanente, si se reitera más de tres veces en su carrera profesional, se debería. Entonces, la mala práctica, la vulneración del código deontológico y la confianza en la figura de tu defensor se ve comprometida gravemente.
Se solicita una súplica final al letrado: revise gramática, redacción y signos de puntuación en todos sus escritos. Ante un juzgado o tribunal, incluso un error mínimo puede hacer que denuncias, querellas, demandas, recursos, alegaciones o solicitudes pierdan valor, por muy sólidos que sean los argumentos. La eficacia del derecho depende tanto de la sustancia como de la presentación.
Procuradores: ¿una figura prescindible?
Es absurdo que un afectado no pueda representarse en su propio juicio y dependa de un procurador que apenas interviene y no redacta nada. En Digital Parlamento proponemos impulsar una campaña de firmas para que:
El procurador sea opcional, no obligatorio.
Solo cuando el afectado lo desee, pueda designar un representante autorizado, de manera similar a los trámites administrativos.
Apelamos al reconocimiento efectivo del derecho a optar por la auto-representación, incluyendo asistencia a la sala del juicio, presentación de recursos, alegaciones y solicitudes.
Para garantizar que la auto-representación no coloque al ciudadano en situación de indefensión, se establecerá una prueba de aptitud obligatoria, compuesta por una evaluación cognitiva básica y otra de conocimientos jurídicos esenciales, sujeta al pago de una tasa de 35 euros. En caso de no superarla, el interesado podrá solicitar una revisión motivada, en la que el evaluador deberá detallar de forma clara las causas concretas de la no aptitud.
Esta medida reduciría burocracia innecesaria, abarataría costes y empoderaría al ciudadano. Además, pone en evidencia la incoherencia del sistema: hoy resulta ridículo que alguien no pueda defenderse en procesos importantes —como custodia de hijos— sin depender de una figura que aporta poco o nada al desarrollo del caso.
Llamado a la acción
Desde Digital Parlamento invitamos a todos los afectados a sumarse a la reforma del sistema: participar en casos a cuotalitis y apoyar la campaña de auto-representación voluntaria. Puede firmar aquí, es clave para incentivar modelos de negocio de cuotalitis, un nicho prácticamente inexistente en España y muy necesario para una defensa justa del cliente y una mayor fuente de ingresos. Con su colaboración, podemos lograr que la justicia funcione realmente, eliminar intermediarios innecesarios y dar voz a quienes mejor conocen su propio caso y sufren las mayores consecuencias, porque son los más afectados.
