Hablar de inclusión suena moderno y humano, pero en la práctica muchas veces es un negocio rentable. Detrás de desfiles, olimpiadas adaptadas o prácticas formativas hay subvenciones, patrocinios, marketing social y premios a la responsabilidad corporativa.
A las personas con discapacidad les llega algo: remuneración, experiencia, visibilidad. Pero la mayor rentabilidad va para quienes lo organizan, que obtienen prestigio y beneficios económicos.
Poco se dice abiertamente sobre esto: la mayoría de artículos evitan tocar la cuestión de frente, buscan ser políticamente correctos, usan sinónimos o suavizan palabras para no herir sensibilidades. Esta verdad no se dice a bocajarro, y por eso hay muy poco periodismo crítico sobre cómo la “integración” beneficia más a los organizadores que a los propios discapacitados.
En muchos casos, estas acciones funcionan como terapia ocupacional institucionalizada: actividad, socialización y autoestima para algunos, mientras el poder y el dinero permanecen concentrados en manos ajenas. En resumen: se aplaude la diferencia, pero se explota su valor simbólico y económico.
Es como si se organizaran “olimpiadas de negros” por su supuesta fortaleza física: se reconoce la diferencia, sí, pero se la aísla. Se celebra, pero fuera del núcleo real de decisión y prestigio. La verdadera integración no se logra montando escenarios aparte, sino transformando los espacios que ya existen.
Hacia un modelo de integración real
Imaginemos un desfile donde Carolina Herrera, Chanel o Valentino contraten modelos con discapacidad que compartan la pasarela con Kendall Jenner o Gigi Hadid, recibiendo el mismo salario y reconocimiento.
O unas olimpiadas mixtas, donde cada país deba presentar al menos un equipo de natación sincronizada integrado por deportistas con y sin discapacidad.
O un mercado laboral donde no se premie fiscalmente a las empresas, sino que se exija un mínimo del 30% de plantilla diversa, incluyendo el propio gobierno y la administración pública.
En la educación, la integración debería ser práctica: grupos de apoyo para asignaturas teóricas, pero convivencia plena en gimnasia, plástica, religión o actividades sociales. Integrar no es mezclar sin criterio, ni aislar con excusas.
El cambio debe empezar en la administración. Hasta ahora, los pocos casos visibles parecen gestos simbólicos más que políticas reales.
El ejemplo reciente lo demuestra: por primera vez, Alberto Gil, un joven con síndrome de Down, se incorpora en prácticas a la Guardia Civil en Cádiz. No ha aprobado la oposición; su presencia es formativa y temporal, no laboral ni estructural.
Más arriba, la situación es similar: ni un Premio Nobel con discapacidad severa, ni un ministro con enfermedad rara, ni un miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con discapacidad grave. A lo sumo, se mencionan casos de dislexia o artritis, que apenas rozan los márgenes del sistema.
El poder, la ciencia, la política y la moda siguen reservados para cuerpos normativos y rostros sin marcas. La sociedad aplaude la diferencia… siempre que no suponga un verdadero desafío estructural.
El día que veamos a un presidente con dos miembros amputados por una bacteria al nacer, o a alguien con discapacidad severa en un puesto real de decisión internacional, ese día podremos hablar de integración auténtica.
Hasta entonces, solo estamos contemplando un espectáculo cuidadosamente iluminado, muy parecido a los circos de hace un siglo, donde se exhibía a un siamés para asombro y diversión del público.
Nos conformamos con la apariencia de inclusión, con la emoción fácil del aplauso, pero seguimos evitando mirar de frente lo que incomoda.
Porque si existiera una verdadera integridad social, si la igualdad fuese algo interiorizado y no un ejercicio protocolario impuesto para parecer una sociedad buena, no habría incomodidad ante la diferencia.
Y quizá entonces la integración dejaría de ser un acto excepcional, una noticia o un titular, para convertirse por fin en una forma natural de convivir.