Estafas con inteligencia artificial y fraude online

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha abierto un nuevo escenario en el ámbito del fraude digital. Se trata de la aparición de sistemas de atención al cliente automatizados que, desde la perspectiva del usuario, operan con la apariencia, el lenguaje y la estructura de una empresa completamente legalizada. Estas inteligencias artificiales no se presentan como herramientas fraudulentas, sino como servicios de soporte aparentemente legítimos. Son capaces de exhibir una simulación convincente de transparencia, profesionalidad y cumplimiento normativo.

Su característica más inquietante es que no actúan como un estafador humano tradicional, susceptible a dudas, contradicciones o agotamiento. Actúan como operadores programados para sostener una narrativa de legitimidad de forma inquebrantable. Incluso cuando el usuario cuestiona la existencia de licencias, registros mercantiles, autorizaciones regulatorias o cualquier otro elemento de verificación, la inteligencia artificial mantiene la coherencia de su programación. También continúa defendiendo la supuesta legalidad de la entidad a la que representa. En ese proceso, puede persuadir a las víctimas para facilitar información personal, realizar transferencias económicas o asumir compromisos financieros. Todo ello bajo una apariencia de normalidad y confianza cuidadosamente construida.

Diversos organismos de ciberseguridad y expertos vienen advirtiendo de que la inteligencia artificial está incrementando la capacidad operativa del fraude telemático a una escala sin precedentes. La IA multiplica exponencialmente la capacidad de actuación. Bajo instrucciones humanas, puede generar campañas fraudulentas masivas. También puede automatizar interacciones con víctimas potenciales. Asimismo, facilita la rápida adaptación de esquemas de fraude en sectores como la banca, el comercio electrónico, las plataformas de juego, los servicios digitales o la inversión financiera.

El resultado es la aparición de una importante laguna regulatoria en el ámbito del Derecho tecnológico y del comercio digital. La capacidad de las administraciones públicas para supervisar, identificar y perseguir determinadas actividades ilícitas en internet no evoluciona al mismo ritmo que las tecnologías empleadas para cometerlas. Esta asimetría plantea uno de los mayores desafíos jurídicos, económicos y sociales de la actualidad.

Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026 representan un ejemplo reciente y especialmente revelador de esta nueva realidad digital. Mientras miles de personas requerían asistencia urgente y se desarrollaban operaciones de rescate, comenzaron a difundirse imágenes y vídeos generados o manipulados mediante inteligencia artificial. Estos contenidos simulaban derrumbes, víctimas y escenas de devastación inexistentes. Organizaciones de verificación y medios especializados han documentado la circulación de contenido sintético presentado falsamente como real. Todo ello aprovechando la conmoción pública generada por la tragedia.

Pero la desinformación constituye solo una parte del problema. Las catástrofes humanitarias también generan oportunidades para la delincuencia digital organizada. Esto ocurre mediante campañas de donación fraudulentas, solicitudes falsas de ayuda económica y esquemas destinados a monetizar la solidaridad ciudadana. La inteligencia artificial permite fabricar testimonios, imágenes y peticiones de auxilio con un elevado nivel de realismo. El objetivo es inducir a muchas personas a realizar aportaciones económicas que nunca llegarán a las víctimas reales.

Actualmente estamos ante un escenario donde la inteligencia artificial policía está un paso por detrás de la inteligencia artificial delincuente. También existe un vacío y una laguna total en el derecho tecnológico, el comercio online y otros entornos similares. La inteligencia artificial es una tecnología tan potente como cualquier tecnología armamentística de guerra. Por ello, debería suministrarse a través de licencias ligadas a una identificación fiscal y documental. Asimismo, debería requerirse obligatoriamente que el adquirente o comprador deje un código de identificación y trazabilidad. Esta obligación debería aplicarse tanto a particulares como a personas jurídicas o empresas.

La pantalla conectada a internet se ha convertido en un apéndice inevitable del ser humano en cualquier parte del mundo, incluso en los países menos desarrollados. Aludimos con absoluto respeto a las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela. Afortunadamente, muchas personas portaban dispositivos conectados. Estos les permitieron solicitar ayuda, mantenerse localizadas y acceder a información crítica. Incluso pudieron recurrir a sistemas de inteligencia artificial en busca de instrucciones de supervivencia o apoyo moral en situaciones extremas.

Asimismo, resulta necesario comenzar a regular explícitamente el mundo virtual. Esta regulación debe abordar fenómenos como el acoso, el fraude, el tráfico de personas a través de streaming y otros delitos cometidos en internet. A día de hoy, la verdadera vida transcurre a través de una pantalla. La vida presencial queda relegada a un segundo plano. Y, previsiblemente, esta situación no hará más que incrementarse en el futuro.